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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado recientemente de los datos de litigiosidad recogidos durante el tercer trimestre de este año 2020. De su comunicación se extrae que el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles ha aumentado en este último periodo un 1,7% respecto al año anterior.
Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 1.440.753 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 1,7% respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 1.337.634 asuntos, un 4,8% más, y dejaron en trámite 3.167.116.
Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial. Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos, la bolsa de asuntos pendientes (3.167.116) se ha incrementado en este trimestre un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
El CGPJ destaca que en todas las jurisdicciones, a excepción de la Penal, se han producido incrementos interanuales en el ingreso y resolución de asuntos. Cabe destacar que los asuntos del orden Social son los que más han aumentado al registrarse 117.290, lo que equivale a un 16,9% más que en 2019.
Según el organismo, la pendencia ha aumentado en total un 13,4% y es consecuencia de la paralización de la actividad judicial tras la declaración del estado de alarma por la pandemia.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5). Se trata de unos cálculos realizados sobre las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística, provisionales, a 1 de enero de 2020.
