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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma contempla las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para que paulatinamente se regrese a la actividad de los juzgados y tribunales. El Ministerio de Justicia busca con esta norma evitar el colapso de casos en los juzgados tras el parón debido al estado de alarma.
Este Real Decreto Ley se articula en cinco bloques de medidas:
Bloque 1: Medidas para garantizar la salud de los funcionarios
1. Para evitar concentraciones de
personal se establecen dos turnos de trabajo de
mañana y tarde.
2. La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en
caso necesario, presencialmente, pero siempre con cita previa.
3. Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con
presencia telemática, salvo en el ámbito penal, en el que será el juez
quien decida. Siempre será necesaria la presencia física del acusado
en delitos graves.
4. Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en
atención a las características y tamaño de las mismas.
5. Se dispensará a los abogados de usar las togas.
6. Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible,
se harán a la vista de la documentación médica.
Bloque 2: Medidas para recuperar la actividad judicial
1. Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos
asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del
Covid-19.
2. Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días
comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto.
3. Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera
que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados
y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos
derivados de la pandemia.
4. Habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas,
aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han
incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de
sustitución y refuerzo.
5. Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía
desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el
mismo orden jurisdiccional.
Bloque 3: Medidas para la transformación digital
1. Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital
en la administración de Justicia.
2. Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia
como para las comunidades autónomas con competencias en la
materia de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los
juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan
el teletrabajo.
Bloque 4: Medidas procesales
1. Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la
declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero.
Si son plazos para presentar recursos, se amplían por un periodo igual
al previsto por la ley.
2. Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para
cuestiones de familia derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, así como a ajustes
en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por
el Covid-19.
3. En el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), se permite que los que no alcancen los umbrales del despido
colectivo (en particular los de las Pymes) se puedan regir por un
proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, sin
privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual.
4. Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que
tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y
suspendidos por el confinamiento. Se trata de que las personas que
hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten
a nuevos retrasos.
5. Se dará preferencia a cuatro tipos de actuaciones: las que tengan que
ver con la protección de los menores; los casos en los que una entidad
financiera o un arrendador no reconozca la moratoria de las hipotecas
o en los contratos de alquiler; los recursos contra las administraciones
por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del
Covid-19, y los asuntos laborales relacionados con despidos o
extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de
las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido
establecido durante la crisis.
Bloque 5: Medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales
1. Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la
declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado
podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal
que estuviera en período de incumplimiento.
2. Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el
deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una
propuesta de modificación del convenio.
3. Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación
homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud
sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la
anterior solicitud.
4. Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de
insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de
concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha,
los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario
presentadas desde el estado de alarma.
