• Síganos en redes sociales
Imágenes del tema: MichaelJay. Con la tecnología de Blogger.

Blog

Le esperamos en nuestro despacho

Síganos en Facebook

Valoración en Abogados 365

Síganos en Twitter

Más de 20 años de experiencia nos avalan


El cliente, nuestra prioridad

La filosofía que hemos seguido durante todos estos años gira alrededor de nuestros clientes, cuyo fin último es resolver sus conflictos de forma eficaz y satisfactoria

Cercanía con el cliente y excelencia en el trabajo

Buscamos desde el primer momento la cercanía con nuestros clientes para que se sientan satisfactoriamente defendidos, lo que nos permite trabajar con mayor eficacia. Asimismo buscamos la perfección en cada una de nuestras actuaciones

En constante formación

Con el fin de garantizar la máxima protección jurídica que nuestros clientes merecen, estamos en constante formación para adaptarnos a las modificaciones legales del día a día

Solicite un presupuesto para su caso

¿Necesita asesoramiento jurídico y tiene alguna duda? Póngase en contacto con nosotros y concerte una cita en nuestro despacho para contarnos su caso. Realizamos estudios previos de posibilidades de éxito para conseguir una mayor eficacia y un alto grado de satisfacción de nuestros clientes

CONCERTAR CITA

Actualidad


miércoles, 3 de marzo de 2021



Tiempo de lectura | 2'

03/03/2021


El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. Esta nueva normativa sustituirá a la actual, que llevaba 20 años de vigencia, y entrará en vigor el próximo  jueves 1 de julio.


Según ha confirmado el Ministerio de Justicia en un comunicado, este nuevo texto "se adecúa a la legislación posterior a la aprobación del actual Estatuto, de 2001, con gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales".


En el nuevo Estatuto se contempla el sometimiento de los órganos rectores de los Colegios de Abogados "a los principios de democracia, autonomía y transparencia, e introduce la obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan una amplia difusión de sus servicios y su trabajo a través de su página web". Además, la nueva normativa refuerza el derecho y el deber de los profesionales de la abogacía a la formación continuada y especializada.


Igualmente, el Ministerio resalta que el Estatuto "ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia".


En estos nuevos Estatutos se pone en marcha la ventanilla única de los colegios para ofrecer de forma clara y gratuita información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como la mejora constante. 


En el régimen de responsabilidad disciplinaria, se renuevan las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los colegiados.

Leer completo
 
domingo, 28 de febrero de 2021



Tiempo de lectura | 2'

28/02/2021

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJ) ha dictado recientemente un auto por el que desestima la petición de medidas cautelarísimas pedidas por parte de varias personas físicas y jurídicas contra el cierre decretado por la Administración de los locales dedicados a la restauración.

En el auto, la Sala rechaza la solicitud, puesto que, a juicio de los magistrados, no concurre en el procedimiento el presupuesto básico para la adopción de la medida cautelarísima como es la especial urgencia, dado que los litigantes interpusieron el recurso contencioso-administrativo el 28 de enero sin solicitar ninguna medida cautelar y no fue hasta el 23 de febrero que solicitaron la cautelarísima.

Los magistrados consideran que no procede la suspensión por la vía excepcional del artículo 135 de la Ley Jurisdiccional, que reza lo siguiente:

Artículo 135.

1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo.

No obstante, según ha confirmado el Poder Judicial, el Tribunal ha acordado formalizar una pieza separada para determinar la posible medida cautelar.

Leer completo
 



Tiempo de lectura | 2'

28/02/2021


El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido recientemente nombrar a una mujer auditor presidente de un tribunal militar. En esta ocasión se trata de la coronel auditor María Inmaculada Benavente Cózar, elegida para presidir el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.


El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que Benavente ha obtenido 16 de los 21 votos posibles. Cuando hablamos de María Inmaculada Benavente Cózar lo hacemos de una coronel auditor con una prolongada trayectoria. Ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en julio de 1991 y a lo largo de su carrera ha compaginado destinos de asesoría jurídica y de jurisdicción castrense.


Un informe de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial ha destacado que a día de hoy el número de mujeres integradas en la Jurisdicción Militar, 8, solamente representa el 23,5% del total y que la mayoría prestan sus servicios en los Juzgados Togados Militares Territoriales y solo dos lo hacen en Tribunales Territoriales.


Junto a Benavente Cózar, el Pleno también nombró en la misma reunión a Álvaro Lafita Torres Togores para el Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid, a Germán Méndez Sardina para el Juzgado Togado Militar número 52 de Las Palmas de Gran Canaria, a Juan Mendaro Velasco como vocal togado del Tribunal Militar Territorial de Sevilla y a María Del Valle López Afranca como vocal togado del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid.

Leer completo
 
miércoles, 24 de febrero de 2021



Tiempo de lectura | 3'

24/02/2021 


El pasado mes de diciembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la inclusión del artículo 10.8 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En este precepto se estipula que las salas de los Tribunales Superiores de Justicia deben ratificar las decisiones sanitarias de carácter general, como es en el actual contexto de la pandemia de coronavirus los confinamientos domiciliarios o restricciones similares.


Textualmente, dicho precepto reza lo siguiente:


Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.


8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.


Esta modificación legal vino introducida el pasado 19 de septiembre por medio de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito público de la Administración de Justicia. La presentación de esta cuestión de inconstitucionalidad se produjo al considerar que esta modificación legal vulneraba el principio constitucional de la separación de poderes, pues se trataba de una convalidación previa sobre la que no tienen competencias los tribunales.


Los magistrados entendían que los Tribunales deben resolver una vez estudiadas las medidas a fondo por medio del correspondiente procedimiento. Además, consideran que con esta modificación se pueden haber infringido varios preceptos de la Constitución Española relativos a la separación de poderes. Uno de ellos, el 106.1, que establece que "los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican". También el 117.3 que reivindica que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan". O el 117.4 que resalta que "los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho".


Casi tres meses después, el Tribunal Constitucional ha confirmado que su Pleno ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y ha acordado dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscal General del Estado, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.


El mismo Tribunal Constitucional ha confirmado a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA que el proceso queda suspendido hasta que se resuelva de manera definitiva dicha cuestión de inconstitucionalidad.

Leer completo
 

Áreas de especialización


Derecho Civil

Ofrecemos un asesoramiento integral a nuestros clientes en la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, separaciones y divorcios, parejas de hecho, incapacitaciones y herencias. También en la redacción de contratos de alquiler y compraventa de viviendas, reclamación de rentas impagadas, demandas de desahucios y desalojo de 'okupas'. Asesoramos a comunidades de propietarios, reclamaciones por impago de deudas o por responsabilidad civil personal y profesional.

Derecho Penal

Contamos con una amplia experiencia en la acusación y defensa de delitos de tráfico, violencia doméstica, violencia de género, malos tratos, lesiones, coacciones, amenazas, acoso sexual, 'mobbing' escolar, acoso laboral, inmobiliario o residencial. También ofrecemos un asesoramiento integral sobre delitos contra el patrimonio, como los robos, hurtos, estafas o apropiaciones indebidas, así como las defraudaciones.

Contacto


Tenemos nuestro despacho en Palma de Mallorca

Salvà Hernández Abogados
C/ Costa de ses germanetes 8, 1ºB
07010 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
971-202-316
683-372-909
salvahernandez.abogados@icaib.org
Consulte nuestro Aviso legal