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El Juez determina que los 'riders' están sujetos a una relación laboral con su empresa


El Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid ha estimado este pasado mes de julio la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra una empresa de reparto de comida a domicilio.
En la resolución, el magistrado declara que los trabajadores demandantes (repartidores de comida a domicilio, comúnmente conocidos como ‘riders’) estaban sujetos a una relación laboral con la sociedad demandada en el tiempo en que prestaron sus servicios.
El juez concluye que ‘en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad, lo que conduce a la estimación de la demanda’.

El Supremo considera que es delito de trata de seres humanos la actividad de los clubes de "esclavizar" a mujeres extranjeras


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto recientemente que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se comete en algunos clubs de alterne, salpicados por la geografía nacional, donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España, como si fueran “seres cosificados”, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas.
En la resolución, la Sala considera que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”.

El Supremo considera discriminatorio exigir una estatura mínima de 160 cm para el puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas


La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la fijación de una estatura mínima de 160 centímetros para acceder al puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas constituye una discriminación en el acceso a la función pública de todos los ciudadanos que vulnera la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.
La Sala concluye que el requisito de 160 cm “no está justificado y entraña una diferencia de trato contraria al principio de igualdad”. El tribunal recuerda que no se ha explicado ni en el proceso administrativo ni en el judicial el motivo por el que es necesaria esa talla para ejercer como controlador aéreo, “y ciertamente, no se alcanza a comprender cuál puede ser”.

El Tribunal Supremo establece que la asistencia jurídica gratuita no está sometida a la ley de Defensa de la Competencia


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias recientes en las que establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio no está sometido a las normas de Competencia.
La Sala destaca que este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita; y que en el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado.

Se crea la Comisión Estatal para combatir el fraude en las apuestas deportivas



Este lunes 15 de julio se ha aprobado la creación de la Comisión Nacional para luchar contra la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas.

El artículo primero de la disposición concreta que el objeto de esta nueva medida es "compatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas al amparo de lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público". Dicha Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda.

Según la disposición, las funciones del Pleno de la Comisión serán "poner en común la problemática existente en los diferentes sectores involucrados", "fomentar la formación, la sensibilización y la educación en materia de prevención de la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude de las apuestas", "aprobar diagnósticos comunes entre sus miembros a propuesta del Comité Permanente" o "aprobar recomendaciones o planes de actuación".

Lea el Orden completo

Un juzgado considera que un titular de una licencia de taxi puede contratar a una persona asalariada aunque no sea familiar directo


El Juzgado Contencioso 14 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por un particular contra una resolución del Instituto Metropolità del Taxi donde se desestimaba su petición de alta de conductor asalariado.
El magistrado estima pues, la concesión de habilitación al titular de una licencia de taxi para contratar a una persona asalariada aunque esta no sea familiar en línea directa tal como establece el Reglamento.

El Tribunal Supremo anula la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre el control de viviendas vacías



La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado por medio de una resolución reciente la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre actuaciones de inspección y control de viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas.
La decisión se ha adoptado al entender que dicha administración no es competente para aprobar disposiciones de carácter general en esta materia y, en particular, que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal.
La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró la nulidad de pleno derecho del apartado 9 del artículo -hecho imponible- y de los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del Anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal 3.1 del ayuntamiento demandado, reguladora de la tasa municipal por servicios generales.