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Actualidad


lunes, 12 de abril de 2021



Tiempo de lectura | 2'

12/04/2021


El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden Ministerial JUS/337/2021 por la que se resuelve el procedimiento selectivo para la designación de Fiscales Europeos Delegados. Dicho procedimiento se ha llevado a cabo debido a lo contemplado en el Reglamento por el que se creó la Fiscalía Europea, aprobado en octubre del 2017. Dicha Fiscalía comunitaria tiene como misión principal investigar, procesar y llevar ante la justicia a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.


El BOE recuerda que la Fiscalía Europea "se configura, así, como un órgano indivisible de la Unión, organizado en un nivel central y un nivel descentralizado, que estará integrado por los Fiscales Europeos Delegados, establecidos en los Estados".


Así, los fiscales que han salido elegidos de dicho proceso de selección son, tal y como publica tanto el BOE como el Ministerio de Justicia, lo siguientes: Oihana Azcue Labayen, Víctor Joaquín González-Herrero González, Gloria Yoshiko Kondo Pérez, María Elena Lorente Pablo, Olga Muñoz Mota, Laura Pellón Suárez de Puga y Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.


El Ministerio de Justicia explica en una nota de prensa que en el proceso de selección "han participado 25 miembros activos del Ministerio Fiscal y de la judicatura" y "exigía como requisitos de participación ofrecer absolutas garantías de independencia y poseer las cualificaciones necesarias para el desempeño del puesto y, en particular, acreditada experiencia práctica en la investigación de delitos económicos y suficiente manejo del idioma inglés".

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martes, 6 de abril de 2021



Tiempo de lectura | 4'

06/04/2021


Cuando hablamos de aquellos matrimonios que se contraen a modo de fraude hablamos de un delito de falsedad, que se haya regulado dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Código Penal. En dicho apartado se regulan los delitos sobre la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.


El artículo 390 del Código Penal establece que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:


1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 


2.º Simulando un documento en todo o parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.


3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones de diferentes de las que hubieran hecho.


4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos".


Recientemente la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de prisión y una multa de 1.080 euros al exrector de la parroquia de Sant Vicenç de Castellet por simular una boda entre una mujer y su pareja, una vez él ya había fallecido, para que la esposa pudiera beneficiarse de la herencia valorada en caso medio millón de euros.


Como se explica en la resolución, el delito de falsedad es un delito que "debe su razón de ser en la vulneración por parte del sujeto activo de una especial relación con el bien jurídico que se pretende proteger, aquí la fe pública". Así, sigue la sentencia, "el sujeto activo quiebra el específico deber de veracidad que es la esencia del delito de falsedad. Esta quiebra del deber jurídico de protección del bien jurídico penal es la que permite atribuir la autoría al sujeto activo".


La resolución en su razonamiento considera "irrelevante que quien lleve a término la acción que el legislador prohíbe sea materialmente el mismo sujeto, otro por encargo suyo o que consienta la lesión por parte de un tercero". Puesto que "el haber quebrantado el deber de no lesionar el bien jurídico en cuestión -la fe pública- es lo que permite imputar al sujeto activo la comisión del delito". Concluye su argumentación al respecto afirmando que "en esta vinculación legal rota dolosamente es donde radica el mecanismo para poder establecer la pertenencia del hecho a su autor".


Recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la sentencia se recuerda que "la falsedad documental no es necesariamente un delito de propia mano, de modo que pueden participar en el delito varias personas, realizando en forma colaboradora la acción descrita por el verbo rector del tipo, tomando parte en la ejecución, reputándose autor a quien por la dirección final y consciente del suceder causal hacia el resultado típico es señor de la realización del tipo".


Por ello, "no es preciso que el acusado haya realizado materialmente la conducta mutatotia de la verdad, si consta el concierto para su realización, habiendo declarado que no es óbice para que se pueda reputar a una persona como autora de un delito de falsedad el hecho de que no haya quedado probado quién hubiera realizado personal o materialmente las manipulaciones". 


En el caso de la Audiencia de Barcelona, esta argumentación forma parte de una resolución en la que se condena al exrector a tres años de cárcel y a una multa de 1.080 euros. Pero también a la hija de la novia a un año y medio de prisión así como una multa de 540 euros como cooperadora necesaria para la falsedad, puesto que, ya firmó como testigo en el falso expediente matrimonial: "La acusada aceptó participar como testigo y estampó su firma con tal carácter en el expediente matrimonial, a sabiendas que el acto matrimonial no se había celebrado. Se trata de una participación en el delito, con una intervención esencial, por cuanto la firma de los testigos es preceptiva", reza la resolución.


Los dos condenados deberán indemnizar con 203.934 euros a los sobrinos del hombre de forma solidaria y, además, el Obispo de Vic deberá responder como responsable civil subsidiario. A ello se suma la inhabilitación decretada por el tribunal para los condenados para ejercer funciones en documentos y actos que puedan tener efectos en el estado de las personas o en el orden civil.

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martes, 30 de marzo de 2021



Tiempo de lectura | 3'

30/03/2021


Este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Una nueva ley de aplicación en todo el territorio nacional dónde se actualizan los supuestos en los que se debe hacer uso de la mascarilla.

De entrada, el artículo 4 de dicha Ley recuerda que "todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en esta Ley".

Es exigible el uso de mascarilla para mayores de 6 años en los siguientes supuestos:

  • En la vía pública y en espacios al aire libre.
  • En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
  • En los siguientes medios de transporte: aéreo, marítimo, en autobús, por ferrocarril o "los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

No es exigible el uso de mascarilla para

  • Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
  • Las personas que por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
  • Las personas que hagan ejercicio de deporte individual al aire libre
  • En el caso de pasajeros de buques y embarcaciones, cuando se encuentren dentro de su camarote.
  • Cuando por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias
  • En los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad

La principal diferencia entre esta Ley y sus precedentes radica en que en esta ocasión, su aplicación se producirá de igual manera en todo el territorio nacional y no se permitirá a las comunidades autónomas que modulen en función de la incidencia acumulada: "Lo establecido en esta Ley será de aplicación en todo el territorio nacional", reza el artículo 2.1.

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Tiempo de lectura | 3'

30/03/2021 


Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la absolución de una auxiliar administrativa de un centro de salud que había entrado en el historial clínico de cuatro familiares, una conducta que puede constituir una vulneración del derecho fundamental a la intimidad. La Constitución Española garantiza el derecho a la intimidad personal y delega en la Ley el limitar "el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".


Además, el artículo 105 estipula que la ley regulará "el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".


En el presente caso del TSJN, la Sala de lo Civil y Penal entiende que la conducta de dicha auxiliar fue ilícita desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, no supondría una infracción penal en la medida en que durante el proceso no se pudo demostrar a qué datos médicos tuvo acceso. También por el hecho de no haber utilizado la información a la que tuvo acceso.


Anteriormente, el fiscal y la acusación particular habían solicitado un total de 8 años de prisión como autora de dos presuntos delitos continuados contra la intimidad, por los accesos relativos al historial del hermano y cuñada, pero no al de las sobrinas. El Poder Judicial destaca que por estos hechos, el Servicio Navarro de Salud impuso a dicha auxiliar una sanción en forma de multa de 3.001 euros.


En su razonamiento, el TSJN explica que "existen conductas que, dependiendo de determinadas circunstancias o de su intensidad, pueden ser constitutivas tanto de un ilícito administrativo como de un delito y, concurriendo ello en el presente caso, la Administración, que podría haber remitido las denuncias a la jurisdicción penal si así lo hubiera entendido, considera que no es merecedora de tal reproche y sí únicamente del que corresponda en dicha vía administrativa, y de ahí la sanción impuesta, pero , sabido es, en ningún caso ello supondría eliminar la posibilidad de acudir a la vía penal".


A juicio del Tribunal, el mayor obstáculo a la hora de determinar si en el actuar de la auxiliar se produjo un delito o no "es saber exactamente a qué datos tuvo acceso". Además, lo relevante para decantarse en este caso estaría en ese dato, "dado que no se ha acreditado que la acusada hubiese transmitido a nadie alguna información sensible".

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