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Actualidad


martes, 4 de mayo de 2021



Tiempo de lectura | 2'

04/05/2021


El pasado miércoles 28 de abril fue aprobado, en el Pleno del Senado, la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Justicia, ha sido aprobada por una amplia mayoría: 253 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.


En palabras del propio Ministerio, esta nueva ley "es un paso más en la modernización del servicio público de Justicia y convierte el Registro Civil en un registro individual donde se inscribirán todos los hechos y actos que afecten a una persona a lo largo de su vida". Así, el nuevo Registro Civil Único contará con una base de datos común que conectará todas las oficinas del territorio español.


  • La estructura


Según ha confirmado el Ministerio de Justicia, el nuevo modelo tiene la siguiente estructura: 1 Registro Civil Central, 16 Registros Civiles Exclusivos (RCE), 415 Registros Civiles Municipales Principales (RCMP), 7.700 Registros Civiles Municipales Delegados (RCD) en Juzgados de Paz (JJ. PP) y 180 Oficinas del Registro Civil en demarcaciones consulares. Los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) serán los responsables de gestionar el Registro Civil Único.


  • Implantación progresiva


De otra parte, cabe destacar que la implantación de la ley será "progresiva" y se hará mediante resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Según confirmó el organismo público, "el nuevo modelo de Registro Civil se pondrá en marcha, en primer lugar, con los medios y sistemas informativos y condiciones de funcionamiento adecuadas. Por esta razón, está previsto que las dos primeras ciudades en las que se implante sean Madrid y Barcelona".


  • Colaboración de las CCAA


De igual manera, en la nota de prensa del Ministerio de Justicia se aboga por la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas en la implantación. El Ministerio considera "fundamental la participación de las Comunidades Autónomas". 


En consecuencia, "una vez se culmine la planificación del despliegue ya iniciado en los Registros Civiles Exclusivos, se continuará con todas aquellas CCAA con competencias en el análisis para las restantes Oficinas Generales y colaboradoras". El Ministerio permitirá a las administraciones autonómicas "colaborar en la implantación y la gestión del modelo, con independencia de que tengan competencias ejecutivas en materia de Registro Civil o asumidas las competencias de Administración de Justicia".

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Tiempo de lectura | 3'

04/05/2021


La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado esta semana la medida sanitaria contenida en la Orden SND/413/2021, del pasado martes 27 de abril, por la que se exige la cuarentena por un periodo de diez días a los viajeros procedentes de la República de la India para luchar contra la expansión de la COVID 19. La medida entró en vigor a las 00.00 horas del 1 de mayo y estará vigente por un periodo de catorce días naturales.

Según ha explicado el Poder Judicial en una nota de prensa, en el auto, los magistrados de la Sección Octava, con un voto particular de dos de los cinco jueces, consideran, como ya hicieron en anteriores resoluciones de la Sala, que la Orden contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción para evitar la propagación de las variantes de Covid-19 en España, tratando de controlar los contagios y proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada, para evitar una mayor transmisión.

La resolución judicial recoge los argumentos de la Orden en los que se explica que hasta la fecha, en dicho país se han diagnosticado 16.960.172 casos confirmados de COVID-19, superando en la última semana los 300.000 nuevos notificados diariamente, por encima del número de casos diarios notificados en otros países muy afectados por la pandemia, como son Estados Unidos y Brasil.

La Sala explica que la medida de exigencia de una cuarentena es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de esas nuevas variantes. Para reforzar su fundamentación, se ampara en las guías publicadas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) junto con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), sobre test y cuarentena para viajeros aéreos en relación con COVID-19 (Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers. –Addendum to the Aviation Health Safety Protocol) en las que se especifica que las pruebas y la cuarentena de los viajeros son medidas apropiadas para retrasar la importación en un área donde el SARS-CoV-2 aún no está circulando, o una vez que un país o una región ha logrado disminuir los niveles de COVID-19.

A ello se añaden las recomendaciones dadas por la Unión Europea, en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de la pandemia de Covid-19, y nuevas variantes, siendo similares a las medidas adoptadas por otros países de nuestro entorno, como Reino Unido, Alemania y Francia.

Los magistrado entienden que, en definitiva, la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 CE de libre circulación y libertad de desplazamiento, es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física, “que, no debemos olvidar, determinó en España la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 433/2020, de 14 de marzo, y que se encuentra declarado en la actualidad por Real Decreto 926/2020”.

Dicho artículo constitucional estipula, textualmente, lo siguiente: "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos."

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miércoles, 28 de abril de 2021



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28/04/2021


El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños ambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.


Respecto a la prevención del blanqueo de capitales, se incluye la moneda virtual en la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En concreto, tras las últimas modificaciones se incluyen la definición de moneda virtual mediante la adhesión de nuevos apartados, el 5, 6 y 7, al artículo 1.


Desde hoy la Ley entiende por moneda virtual "aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente".


Además, la modificación legal establece la definición de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria "la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido". Asimismo se estipula que "se entenderá por proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales".


De otra parte cabe destacar la nueva redacción de la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010 relativa al registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Por último, la disposición transitoria segunda regula el plazo para inscribirse en el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos: "El Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estará en funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Las personas físicas o jurídicas que estuvieran prestando a residentes en España alguno de los servicios descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deberán inscribirse en el registro del Banco de España en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley".

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domingo, 25 de abril de 2021


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25/04/2021


La exigencia de cumplir un periodo de cuarentena continuará siendo obligatorio. Al menos en los doce países en que así lo avala la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo de dicho tribunal ha ratificado la dicha medida sanitaria para los pasajeros procedentes de doce países: Brasil, Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Sin embargo, advierte que la sucesiva extensión de esta medida ha conllevado una duración "que debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria".


Una vez ha analizado el marco jurídico y la cobertura legal para la adopción de la medida, la Sala destaca que el legislador puede imponer las limitaciones al contenido normal de los derechos fundamentales que vengan justificadas en la protección de otros bienes constitucionales y sea proporcionadas a la misma, que no sobrepasen su contenido esencial. Textualmente, indica que "este respeto al principio de proporcionalidad se está poniendo en entredicho por la reiteración de la restricción, que viene manteniéndose  desde el día 22 de febrero para los viajeros procedentes del Brasil y República de Sudáfrica y desde el 8 de marzo para los viajeros procedentes de estos dos Estados y los otros diez".


Por una parte, la Sala considera que la medida resulta proporcionada por cuando es adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la transmisión de las variantes de la COVID-19. No obstante, considera que resulta imprescindible para garantizar la salud pública en la situación sanitaria actual, pudiendo evitarse con dicha medida la necesidad de adoptar en el futuro próximo inmediato unas restricciones mayores en caso de que se descontrolara la epidemia.


Sostiene que "a día de hoy, la sucesiva extensión del periodo de catorce días ha conllevado una duración de estas restricciones que debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria para mantener esta conclusión de que el sacrificio de derechos humanos es proporcionado. Toda vez que la situación a que responde podría dejar de ser excepcional ante su retirada traslación temporal".


Puntualiza la Sala que "aún puede apreciarse que la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 CE de libre circulación y libertad de desplazamiento, es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salid e integridad física, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que se encuentra declarado en la actualidad por Real Decreto 926/2020".


Cabe recordar que el artículo 19 de la Constitución Española estipula lo siguiente: "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos".

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