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Actualidad


viernes, 23 de julio de 2021



Tiempo de lectura | 3'

23/07/2021


El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una reflexión sobre la obligatoriedad de las administraciones de vacunar a los ciudadanos. Ha sido el magistrado Andrés Ollero el ponente en cuyo auto razona que la vacunación obligatoria "no es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública".


Por ello, según el auto, establecer como obligatoria la vacunación contra la COVID-19 constituiría "una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación si se adopta esta medida, so pena de poder ser sancionado, en caso de negativa injustificada a vacunarse".


La reflexión se produce a tenor de la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de mantener por unanimidad la suspensión de lo dispuesto en el número 5 del artículo 38.2 b) de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación obligatoria a la ciudadanía gallega para buscar controlar las enfermedades infecciosas. Dicho artículo reza en su tenor literal lo siguiente:


Artículo 38. Medidas preventivas en materia de salud pública.


2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo exigiesen razones sanitarias de urgencia o necesidad:


b) A fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de realizar las acciones preventivas generales y de la posible adopción de las medidas preventivas en el número 1 de este precepto, podrán adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellas y del ambiente inmediato, así como las que se estimen necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. En particular, podrán adoptarse las siguientes medidas preventivas:


5.ª) Sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas


El Tribunal Constitucional destaca que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado sería susceptible de provocar perjuicios ciertos y efectivos que pueden resultar irreparables o de difícil reparación, en la medida en que la vacunación puede imponerse en contra de la voluntad del ciudadano.

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jueves, 22 de julio de 2021



Tiempo de lectura | 2'

22/07/2021


El Poder Judicial ha informado que recientemente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la Carta Europea de Ética Profesional para los servicios nacionales de inspección, que ha sido elaborada por la Red Europea de Servicios de Inspección de Justicia. El objetivo es contribuir a la mejora, independencia y equidad del sistema judicial de los países miembros y de aumentar la eficacia de los servicios de inspección, así como la confianza del público en ellos.


La Carta establece nueve principios que sirven como indicadores de los estándares éticos fundamentales y que se exigen tanto a los responsables de los servicios de inspección judicial como a los propios inspectores. El texto se publicará en el sitio web de la Red Europea de Servicios de Inspección de Justicia y en el de cada servicio de inspección que es miembro de la citada red.


Entre los principios que se consideran fundamentales figuran la independencia, que se interpreta como un derecho y una obligación de la autoridad de inspección y que supone su sujeción a la ley y al derecho, al margen de cualquier influencia externa; la imparcialidad, como ausencia de prejuicios en el ejercicio profesional de la inspección, garantizando la igualdad de trato y evitando conflictos de intereses que pudieran mermar la confianza en el servicio.


No cabe olvidar la integridad como principio que garantiza la honestidad; la confidencialidad y discreción profesional; la equidad, como establecimiento objetivo de los hechos y de su interpretación; la lealtad; la moderación y cortesía; la competencia y cualificación; la y transparencia de las inspecciones realizadas, cuyo fin es sensibilizar a la opinión pública y aumentar el impacto del trabajo de los servicios de inspección.

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Tiempo de lectura | 3'

22/07/2021


El fallo del Tribunal Constitucional de comienzos del mes de julio, por el que estimaba parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado en su día contra varios preceptos del Real Decreto 464/2020, de 14 de marzo, está llevando a que varios particulares recurran las sanciones que se les impusieron por incumplir dichas restricciones.


Al declararse inconstitucional dos preceptos de dicho Real Decreto, ya ha habido los primeros casos de Juzgados que han anulado las sanciones impuestas a la ciudadanía. Así, en Galicia el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado la primera sentencia de Galicia en la que revoca una multa por saltarse el confinamiento.


En la resolución de la que informa El Poder Judicial, el magistrado estima el recurso interpuesto contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por un vecino de Tui sancionado con 601 euros por salir a un parque infantil con su hija. La administración, por tanto, deberá devolverle 300,50 euros, que fue la cantidad que abonó al acogerse al descuento por pronto pago.


El magistrado del tribunal gallego recalca que, tras el fallo del Constitucional, "la sentencia señala con carácter expreso que esta declaración de nulidad afecta, retroactivamente, a las sanciones administrativas impuestas por incumplir las referidas restricciones circulatorias".


Además, añade que "los efectos retroactivos “ex tunc” de la declaración de nulidad de la prohibición de circulación por espacios públicos son ineludibles conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Se positiviza en él el criterio jurisprudencial conforme al cual las modificaciones de las disposiciones sancionatorias se aplican retroactivamente".


Tres preceptos inconstitucionales


Cabe recordar que el Constitucional declaró nulos varios preceptos en su día aprobados en distintos Reales decretos. Por ejemplo, el 7.1 de Real Decreto 464/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, que rezaba que "las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público" para determinadas actividades como la adquisición de alimentos, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo o la asistencia y cuidado a mayores, menores o personas dependientes.


También declara inconstitucional el artículo 7.3, que, a colación del anterior, estipula que "en todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias".



Igualmente, en la resolución el Tribunal Constitucional también toca el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este nuevo Real Decreto introdujo un apartado 6 al artículo 10, que se ha considerado inconstitucional.



"6. Se habilita al Ministerio de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública", reza el precepto recientemente declarado inconstitucional.

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miércoles, 14 de julio de 2021



Tiempo de lectura | 2'

14/07/2021


El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios preceptos del Real Decreto 464/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así, el órgano constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos varios preceptos.


El primero de ellos, el artículo 7.1, que establecía que durante la vigencia del estado de alarma "las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público" para determinadas actividades como la adquisición de alimentos, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo o la asistencia y cuidado a mayores, menores o personas dependientes.


También declara inconstitucional el artículo 7.3, que, a colación del anterior, estipula que "en todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias".


Igualmente, en la resolución el Tribunal Constitucional también toca el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este nuevo Real Decreto introdujo un apartado 6 al artículo 10, que se ha considerado inconstitucional.


"6. Se habilita al Ministerio de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública", reza el precepto recientemente declarado inconstitucional.

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