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Actualidad


miércoles, 16 de junio de 2021



Tiempo de lectura | 3'

16/06/2021


En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha establecido que las compañías telefónicas deben facilitar al usuario, con carácter previo y siempre por escrito, las condiciones generales de contratación cuando las mismas hayan sido solicitadas expresamente. La Sala III del Alto Tribunal matiza que ello debe hacerse aun tratándose de contrataciones realizadas de forma telefónica, y que pueden hacerlo tanto en forma papel como mediante sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico. 

En una resolución comentada por el Poder Judicial, los magistrados argumentan que así debe interpretarse del artículo 12 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas aprobada por Real Decreto 899/2009, de 12 de mayo, y de otro, de lo previsto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por RDL 1/2007, de 16 de noviembre. 

Artículo 12. Derecho a información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada

1. Antes de contratar, los operadores de comunicaciones electrónicas deben poner a disposición del usuario final de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información veraz, eficaz, suficiente y transparente sobre las características del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas y de los servicios objeto del mismo.

Los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas publicarán sus condiciones generales de contratación en un lugar fácilmente accesible de su página de Internet. Asimismo, facilitarán dichas condiciones por escrito, si así lo solicita un usuario final, que no deberá afrontar gasto alguno por su recepción, e informarán sobre ellas en el teléfono de atención al público, que tendrá el coste máximo del precio ordinario del servicio de telecomunicaciones sin recargo.

El Alto Tribunal expone que el Preámbulo del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario. “Por ello –indican los magistrados-- aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las condiciones generales de contratación también es cierto, como sostiene la Junta de Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de diversas características”. 

Así, destaca la sentencia que “si bien los usuarios conocidos como “nativos digitales”, que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados con ella no acontece lo propio con los llamados “inmigrantes digitales”, es decir aquellos usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera telemática”. 

Por tal razón, conforme a la previsión de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas respecto a la facilitación por escrito de las condiciones generales de contratación previa a su celebración cuando es peticionada, debe accederse a ello sin que altere la naturaleza del futuro contrato la pre-contratación a distancia o telefónica, tal cual regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser sancionada”, explica la sentencia. 

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miércoles, 9 de junio de 2021


Tiempo de lectura | 3'

09/06/2021


El Poder Judicial ha informado este miércoles de una resolución reciente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En la misma se establece que con la regulación vigente no cabe imputar al consumidor o usuario el coste del cambio del contador del gas, ni siquiera en caso de que sea necesario sustituirlo por uno nuevo por haber sido manipulado. 

En la sentencia, la Sala centra su análisis en la interpretación que debe hacerse de los artículos 49.2 y 62.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. El primero de los artículos, el 49.2, dispone que los equipos de medida podrán ser propiedad del consumidor o podrán ser alquilados por el mismo a las empresas distribuidoras, en cuyo caso la empresa procederá a la instalación de los mismos sin exigir cantidad alguna por ello. El segundo, el 62.4, recoge que en la resolución por fraude se determinará la cantidad necesaria para subsanarlo, así como los gastos derivados de la inspección de las instalaciones. 

A juicio de la interpretación que lleva a cabo la Sala, lo regulado en el artículo 49.2 sobre los equipos de medida es “una regla general que, al no contemplar excepciones, debe considerarse aplicable en todo caso, también en el supuesto de manipulación de contadores al que se refiere la controversia”. 

En relación con el artículo 62.4, referido a los casos de fraude, explica que el hecho de que no haga una referencia al coste de sustitución de contadores “obliga a considerar, por aplicación de aquella regla general del artículo 49.2, que tampoco en los casos de fraude podrá la empresa distribuidora exigir cantidad alguna por la instalación de un nuevo contador”. 

La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo Calvo según especifica el Poder Judicial, señala que de lo contrario se llegaría en determinados casos “a un resultado abusivo e injusto, pues se imputaría indiscriminadamente el coste de sustitución de un contador al consumidor/usuario actual siendo así que la manipulación acaso la llevó a cabo un anterior usuario del local o vivienda, o quizás el propietario (caso de ser el usuario un arrendatario), o incluso un tercero que hubiese tenido acceso al contador situado en el exterior del inmueble”. 

Según el Poder Judicial, la diferencia que existiría entre el supuesto del artículo 49 y del artículo 62 sería la existencia de fraude, según el tribunal, pero ello no implica que este haya sido cometido por el cliente, por lo que “cobrar a un usuario por el cambio de un contador que no ha manipulado sería un abuso por parte de la empresa, dejando al usuario en una situación de indefensión absoluta”. También indica que la empresa puede acudir por la vía civil para reclamar los costes de sustitución del contador si tuviese pruebas de que este ha sido manipulado por el propio consumidor; o dirigirse frente a la persona que haya realizado tal acción en caso de no ser responsable el consumidor. 

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Tiempo de lectura | 2'


09/06/2021


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer los últimos datos recogidos por su servicio de Estadística respecto a las demandas presentadas de disolución matrimoniales. De dichos datos se puede concluir que mientras las demandas de separación y las de divorcio consensuadas tuvieron un incremento interanual medio del 9,7 %, los divorcios no consensuados se mantuvieron estables y las separaciones no consensuadas disminuyeron un 14,4 %. Si se toman en consideración todos los tipos de demanda de disolución matrimonial, en el periodo analizado se produjo un aumento interanual del 5,7 %.  


En datos aportados por el servicio de Estadística, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 15.048 demandas de divorcio consensuado; 9.290 demandas de divorcio no consensuado; 723 de separación consensuada y 304 de separación no consensuada. En todo el trimestre se presentaron 22 demandas de nulidad, una menos que hace un año. 


En la relación entre las demandas de disolución matrimonial presentadas y la población a 1 de enero de 2021, el estudio del CGPJ observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con 6,4; la Comunidad Valenciana, con 6,3; Cantabria y Murcia, con 6; Islas Baleares y Cataluña, con 5,8; y Andalucía, con 5,7. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 5,4.  Por contra, las tasas más bajas del trimestre se dieron en Madrid, con 4,3; Castilla y León, con 4,4; y País Vasco, con 4,7.  


Respecto a las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, el estudio desvela un aumento en el primer trimestre de 2021, especialmente las consensuadas. Así, las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 3.496, mostraron un incremento interanual del 21,4 %; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 8.439, aumentaron un 7,4 % respecto al mismo trimestre de 2020. 


Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, de las que se presentaron 6.456, tuvieron un importante incremento interanual (34,2 %) y las no consensuadas, 7.006, de un 11,5 por ciento. 

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martes, 8 de junio de 2021



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08/06/2021


La Comisión Europea ha confirmado su propuesta para la creación de un marco para una identidad digital europea que estará a disposición de todos los ciudadanos, residentes y empresas en la Unión Europea. Según ha confirmado el organismo continental, a través de sus carteras de identidad digital europea, los ciudadanos podrán demostrar su identidad y compartir documentos electrónicos, para lo cual bastará pulsar un botón en el teléfono. Su identificación digital nacional, que estará reconocida en toda Europa, les permitirá acceder a servicios online.


Las plataformas muy grandes estarán obligadas a aceptar el uso de carteras de identidad digital europea a petición del usuario, por ejemplo, para demostrar su edad. El uso de la cartera de identidad digital europea quedará siempre a discreción del usuario.


En virtud del nuevo Reglamento, los Estados miembros ofrecerán a ciudadanos y empresas unas carteras digitales capaces de vincular sus identidades digitales nacionales con certificados de sus demás atributos personales (permisos de conducir, titulaciones, cuenta bancaria, etc.). Si los Estados miembros reconocen las carteras, podrán suministrarlas tanto administraciones públicas como entidades privadas.


Las nuevas carteras de identidad digital europea permitirán a todos los europeos acceder a servicios online sin tener que utilizar métodos de identificación privados o compartir datos personales sin necesidad. Con esta solución tendrán pleno control sobre los datos que comparten.


  • ¿En qué consiste?


La Comisión Europea explica que esta identidad digital estará disponible para toda persona que desee utilizarla, desde un ciudadano o residente hasta una empresa de la Unión Europea. De otra parte, permitirá un uso generalizado. Esto es, las carteras de identidad digital europea tendrán un uso amplio, bien para identificar a los usuarios, bien para certificar determinados atributos personales a la hora de acceder a servicios digitales públicos y privados en toda la Unión.


En tercer lugar, garantizará el control por el usuario de sus datospues las carteras de identidad digital europea les permitirán elegir qué aspectos de su identidad, datos y certificados comparten con terceros y mantenerse al corriente de lo que con ellos se haga. Este control por los usuarios garantiza que solo se comparta aquella información que realmente deba compartirse.


La Comisión explica que para que se haga realidad lo antes posible, la propuesta va acompañada de una Recomendación. La Comisión invita a los Estados miembros a crear un conjunto común de herramientas de aquí a septiembre de 2022 y a emprender de inmediato los preparativos necesarios. Este conjunto de herramientas debe incluir la arquitectura y las normas técnicas, así como directrices de mejores prácticas.

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