El estado de alarma que decretó el Consejo de Ministros el pasado sábado 14 de marzo está obligando a los particulares a permanecer en sus hogares, salvo contadas excepciones: ir a trabajar (siempre que no se pueda hacer desde casa), acudir a centros sanitarios, a tiendas de alimentación o asistir a personas mayores que lo necesiten.
Para hacer cumplir dicho Real Decreto se han llevado a cabo desde entonces numerosos controles a lo largo de la geografía española. Fruto de dichos controles, para garantizar que la ciudadanía permanezca confinada en sus domicilios y no acuda a una segunda residencia, se han producido las primeras condenas.
El Poder Judicial en su página web ha confirmado el primer caso de prisión por saltarse un control de confinamiento. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en funciones de guardia estos días, ha condenado a cuatro meses de prisión a un ciudadano con antecedentes penales que fue parado por la Policía Nacional cuando circulaba con su coche por la carretera general del Rosario (Santa Cruz de Tenerife).
Al ser requerido para justificar su presencia en las calles -saltándose las órdenes de confinamiento del Gobierno por el coronavirus-, se dio a la fuga, poniendo en peligro la integridad física de los agentes y de otros usuarios de la vía.
Pero no ha sido el único caso. El mismo órgano judicial ha dictado la sentencia que le condena a 360 euros de multa a otro ciudadano que no sólo se negó a identificarse cuando fue requerido, sino que amenazó a los agentes.