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Durante el estado de alarma y consiguiente confinamiento se han producido numerosas denuncias por incumplir las medidas decretadas por el Gobierno el pasado 14 de marzo. Sin embargo, hay un motivo que puede librar a los infractores de los incumplimientos del confinamiento de ser condenados: la falta de requerimiento de manera previa y clara.
Así lo ha subrayado recientemente el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. Según ha confirmado el Poder Judicial, el órgano ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en las que se investigaba como presuntas autoras de un delito de desobediencia a dos personas que fueron interceptadas por la policía en dos ocasiones.
Uno de los investigados ya había sido propuesto para sanción administrativa con anterioridad ocho veces y, el otro, tres. El magistrado considera que el comportamiento de los sospechosos podría implicar un incumplimiento de carácter administrativo. Sin embargo, no puede considerarse la comisión de un delito de desobediencia porque no consta que se les hubiera requerido, “con carácter previo y de forma expresa y clara”, que cumpliesen el confinamiento.
Asimismo, el juez resalta en el auto que no es “constitucionalmente lícito” criminalizar una infracción administrativa “por el mero hecho de su repetición”. En el auto igualmente señala que de la lectura del atestado “no se puede entender, ni siquiera de forma indiciaria, que los investigados tuvieran la creencia que de forma grave obstaculizaban de manera relevante el cumplimiento de la finalidad del estado de alarma”.