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Desde la declaración del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo, se han producido numerosos episodios en los que los tribunales han tenido que intervenir para garantizar el correcto cumplimiento de los ciudadanos de las normas emanadas por la alerta sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.
Una de las actuaciones de los Juzgados en los últimos meses ha sido garantizar el forzoso cumplimiento de las cuarentenas en determinados ciudadanos que se ha podido acreditar que tuvieron un contacto directo con, al menos, una persona que había dado positivos por coronavirus.
Es el caso del municipio gallego de Santa Comba. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha ratificado la orden del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), organismo que se encarga de gestionar los hospitales gallegos, de poner en cuarentena a una mujer de dicho municipio, la cual había tenido "contacto estrecho" con algunos de sus familiares que habían sido diagnosticados con coronavirus.
La Consellería de Sanidad había obligado a imponer una "cuarentena obligatoria en el domicilio" a una mujer que había tenido contactos con familiares que habían dado positivo. Según informa la Agencia EFE, la decisión se basaba "en un informe razonado y fundamentado de la médico de familiar del servicio de Atención Primaria de Santa Comba".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo fundamenta su auto afirmando que dicha medida "persigue un fin constitucionalmente legítimo". El derecho a la protección de la salud es un derecho recogido en la Constitución Española de 1978.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.